El Partenón y la extraña pretensión de ser propietarios del pasado

Alegoría de los tiempos.

El Partenón y la extraña pretensión de ser propietarios del pasado nos hace reflexionar también sobre el Tapiz de Bayeux que ha devuelto a la actualidad uno de los debates culturales más persistentes de Europa: qué hacer con las esculturas del Partenón conservadas en el British Museum. Nicholas Cullinan, director del museo londinense, sugirió recientemente que el acuerdo que permitirá exhibir temporalmente el famoso tapiz normando en Londres podría servir como modelo para alcanzar algún tipo de entendimiento con Grecia. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, rechazó inmediatamente la comparación: nadie imaginaría dividir el Tapiz de Bayeux entre Francia y Reino Unido y considerar después natural que cada país conservara una parte.

La comparación tiene límites evidentes. Francia y Reino Unido no discuten quién posee el tapiz; Francia lo presta y, terminado el préstamo, regresará. En el caso del Partenón, en cambio, la propia palabra préstamo contiene ya una posición política, porque quien presta se reconoce como propietario y quien recibe acepta implícitamente esa condición. De ahí que durante décadas hayamos discutido sobre devolución, restitución, préstamo o reunificación, como si encontrar la palabra correcta pudiera resolver el problema.

Quizá convendría plantearlo de otra manera.

El Partenón fue construido en el siglo V antes de Cristo para una sociedad concreta, con unas funciones religiosas, políticas y culturales determinadas. Fidias y quienes participaron en aquel proyecto trabajaron para el mundo que les tocó vivir. No podían imaginar el Estado griego contemporáneo, el Reino Unido, el British Museum, nuestras fronteras nacionales ni las legislaciones patrimoniales con las que hoy intentamos decidir quién es propietario de lo que hicieron.

Esto puede parecer una obviedad, pero no lo es. Buena parte de nuestras discusiones sobre patrimonio parte de una operación profundamente moderna: proyectamos sobre objetos de hace cientos o miles de años categorías de propiedad creadas mucho después que ellos.

Naturalmente, también en la Antigüedad existían la propiedad, el botín, el comercio, los tesoros públicos o la apropiación de bienes. Pero aquellas sociedades no manejaban nuestras categorías de patrimonio nacional ni podían prever que un día sus templos, esculturas o tumbas se convertirían en elementos de identidad de Estados que todavía no existían. La obra pertenecía, en el sentido histórico más profundo, a la sociedad que la produjo y al motivo por el que fue creada.

Lo que vino después fue Historia.

El Partenón sobrevivió a transformaciones políticas, religiosas y sociales extraordinarias. Fue templo cristiano, mezquita, sufrió guerras, explosiones y expolios, despertó el interés de viajeros y coleccionistas y terminó convertido en símbolo de la Grecia moderna. Cada época añadió una capa nueva a su significado. Pretender que cualquiera de esas etapas pueda apropiarse definitivamente del edificio o de sus esculturas significa olvidar precisamente aquello que la Historia nos enseña: que ninguna sociedad posee para siempre aquello que recibe del pasado.

Sin embargo, en algún momento comenzamos a actuar como si pudiera hacerlo.

Entre los siglos XVIII y XIX, cuando crecieron los grandes museos europeos, las antigüedades adquirieron simultáneamente valor científico, prestigio político y valor económico. Poseerlas significaba conocimiento, pero también poder. Las grandes potencias competían por excavaciones, colecciones y hallazgos mientras el mercado convertía esos mismos objetos en bienes que podían comprarse, venderse, heredarse o asegurar.

El pasado se convirtió así en algo paradójico: patrimonio y mercancía al mismo tiempo.

Y después llegó la ley para ordenar aquella realidad. Aparecieron títulos de propiedad, permisos de excavación, autorizaciones de exportación, adquisiciones, cesiones y legislaciones nacionales. Todo ello era necesario para organizar sociedades cada vez más complejas, pero acabamos confundiendo la herramienta administrativa con la naturaleza de aquello que administrábamos.

Ahí encuentro el verdadero problema.

Podemos discutir interminablemente si Lord Elgin tuvo autorización suficiente para retirar determinadas esculturas del Partenón o si el British Museum posee hoy un título jurídicamente válido sobre ellas. Son preguntas relevantes para reconstruir lo ocurrido y para establecer responsabilidades actuales. Pero ninguna respuesta jurídica puede retroceder hasta el siglo V antes de Cristo y convertir al creador de una obra en parte de un contrato que jamás pudo conocer.

Fidias no creó el Partenón pensando en Londres ni en el Estado griego moderno. Lo hizo para la Atenas de su tiempo.

Y quizá ahí haya una distinción que hemos olvidado.

Una cosa es quién administra hoy un objeto y otra muy distinta a quién pertenece históricamente.

Los Bronces de Benín, Nefertiti o las esculturas del Partenón presentan circunstancias históricas completamente diferentes, y precisamente por eso las comparaciones automáticas suelen servir de poco. Pero todas comparten una misma dificultad: intentamos resolver mediante categorías contemporáneas de propiedad la relación que mantenemos con testimonios nacidos en sociedades que ya no existen.

Tal vez deberíamos introducir un poco más de humildad histórica.

No somos quienes hicieron esas obras. Tampoco somos las sociedades para las que fueron creadas. Somos quienes las hemos recibido después de atravesar siglos de guerras, intercambios, transformaciones políticas, saqueos, coleccionismo, excavaciones, descubrimientos y desplazamientos. Algunas han llegado hasta nosotros en su lugar original; otras terminaron a miles de kilómetros. Y todas nos han proporcionado algo extraordinario: conocimiento sobre quienes estuvieron aquí antes.

Por eso quizá nuestra relación con ellas debería comenzar menos por la propiedad y más por la responsabilidad.

No porque jurídicamente los museos o los Estados no puedan ser propietarios. Evidentemente lo son dentro de nuestros sistemas legales. El problema aparece cuando convertimos ese título jurídico, necesariamente circunstancial, en una especie de derecho histórico absoluto.

Un documento contemporáneo puede determinar quién tiene hoy la obligación de conservar una escultura, pero difícilmente puede apropiarse de los tres mil años que esa escultura lleva atravesando la Historia.

El arte del pasado pertenece primero a la sociedad que lo hizo posible. Allí encuentra su contexto, su razón de ser y su significado original. Después comienza un viaje que ninguna generación puede controlar por completo. Las culturas desaparecen, las fronteras cambian, los Estados nacen y mueren y las obras van acumulando nuevas interpretaciones, nuevas miradas y nuevas historias.

Nosotros somos simplemente una estación más de ese viaje.

Quizá por eso resulta algo pretencioso que discutamos sobre ellas como si hubieran llegado finalmente a su destino y nosotros fuéramos sus propietarios definitivos. Dentro de quinientos años probablemente existirán otras fronteras, otras instituciones y otras maneras de entender el patrimonio. Si hacemos bien nuestro trabajo, muchas de estas piezas seguirán allí para ser estudiadas de nuevo.

Ese debería ser nuestro verdadero compromiso.

No poseerlas.

Conservarlas.

Porque las obras que han conseguido atravesar siglos o milenios ya no necesitan dueños que las reclamen, sino sociedades suficientemente maduras para comprender que han recibido algo que no les pertenece por completo.

El Partenón fue de quienes lo levantaron, lo contemplaron y le dieron sentido en la Atenas del siglo V antes de Cristo. Después pasó a formar parte de la Historia.

Nosotros hemos tenido la fortuna de recibir sus restos.

Y quizá deberíamos conformarnos con el privilegio —y la enorme responsabilidad— de ser sus custodios durante un tiempo.